El colapso de una mentira de 40 años
Durante las últimas cuatro décadas, la élite económica mexicana se encargó de evangelizar a la sociedad con un dogma sagrado: subir el salario mínimo provocaría desempleo masivo y una inflación incontrolable [68]. Con esa premisa se mantuvo amarrado el poder adquisitivo de los trabajadores, generando una enorme rentabilidad para los grandes consorcios a costa de institucionalizar una miseria estructural [68, 69]. Sin embargo, la actual administración ha desmantelado esta falacia con una herramienta implacable: los datos económicos.
El reciente acuerdo para incrementar el salario mínimo a 315 pesos diarios en 2026 marca el octavo aumento consecutivo de dos dígitos [69, 70]. A pesar de un crecimiento acumulado que supera el 150% desde 2018, la inflación se mantiene controlada y el desempleo no ha causado estragos, desmintiendo de tajo a las figuras empresariales que pronosticaban el apocalipsis financiero [71, 72].
La justicia social como motor del mercado interno
Lo que la cúpula empresarial ocultó deliberadamente es que el salario no es únicamente un costo de producción, sino el motor fundamental del mercado interno [72]. Poner dinero en los bolsillos de las familias mexicanas no se estanca en ahorros bancarios de lujo; se traduce inmediatamente en consumo de bienes esenciales, dinamizando desde las pequeñas tiendas de abarrotes hasta los servicios locales [72, 75]. La política salarial demostró que la justicia social y el crecimiento económico no son enemigos, sino engranajes del mismo mecanismo [76].
"Se demostró que nos mintieron durante 40 años... Lo que pasa cuando subes el salario, se reduce la ganancia obscena basada en la explotación. Eso es lo que les duele." [68, 71]
Las críticas desesperadas de los herederos del viejo régimen, que ahora amenazan con dejar de contratar jóvenes o culpabilizan a los trabajadores, son actos de "terrorismo económico" diseñados para mantener el modelo de mano de obra casi esclava que tantos beneficios les otorgó en el pasado [71, 74].
México ha dejado atrás el perverso incentivo de competir globalmente ofreciendo a sus ciudadanos sueldos de miseria. Este cambio de paradigma consagra que la riqueza generada por la productividad debe ser distribuida de forma más justa [77, 78]. Para la oligarquía, que acostumbraba socializar sus quiebras mediante fraudes como el Fobaproa, pagar salarios dignos representa una ofensa a sus privilegios históricos; para el pueblo, representa la recuperación del tiempo y la dignidad robados [71, 79].