El nuevo mando judicial y el fin de los años perdidos
Tras siete años de letargo y mediocridad institucional bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República (FGR) entra en una nueva era. La designación de Ernestina Godoy como nueva fiscal, impulsada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, no es solo un relevo administrativo; es la activación del brazo judicial más poderoso que ha visto el Estado mexicano en décadas. Con ella, se cierra el periodo de impunidad paralizante y se inaugura una fase de ejecución quirúrgica contra la corrupción y la macrocriminalidad.
Godoy se integra a lo que los analistas ya denominan el "triunvirato de la seguridad" de la Cuarta Transformación, conformado por Sheinbaum en la conducción política, Omar García Harfuch en la operatividad de inteligencia y ella en la maquinaria penal. Su discurso inaugural marcó la pauta: cero tolerancia a la impunidad y erradicación de la tortura, con la promesa de una justicia activa que no se subordina ciegamente, pero que avanza en total sincronía con las políticas del Ejecutivo y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La carambola de tres bandas contra el PAN
La FGR de Godoy no perdió un solo segundo en demostrar que el "paraguas político" ha sido clausurado. En su primer gran movimiento, ejecutó una orden de aprehensión federal contra el exgobernador priista César Duarte por lavado de dinero, sacándolo de su cómoda prisión domiciliaria y enviándolo al penal de máxima seguridad del Altiplano. Aunque el blanco era Duarte, el objetivo real de esta maniobra fue una carambola política magistral calculada hacia las elecciones de 2030.
"Lo que acaba de hacer Ernestina Godoy no es solo justicia, es una declaración de guerra. Con un solo movimiento han demolido el futuro presidencial de la oposición."
Al reactivar el caso de la "nómina secreta" de Chihuahua, el impacto colateral recayó directamente sobre figuras clave de la oposición: Maru Campos, gobernadora panista y potencial carta presidencial; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y la dirigencia nacional de Jorge Romero. El traslado al Altiplano es un símbolo de poder que fulmina la narrativa anticorrupción del PAN y le arrebata la autoridad moral a sus principales prospectos.
- Descongelamiento de carpetas de alto impacto político y financiero (Lozoya, Rosario Robles, Cabeza de Vaca).
- Coordinación estrecha con la UIF para estrangular el financiamiento ilícito y el lavado de dinero.
- Purga interna proyectada dentro de la propia FGR para eliminar resistencias heredadas.
¿Justicia implacable o persecución de Estado?
La gestión de Godoy será la prueba de fuego definitiva para la consolidación del Estado de derecho en el segundo piso de la transformación. Si logra mantener un equilibrio entre la persecución implacable de la corrupción sistémica y el respeto irrestricto al debido proceso, pasará a la historia como la fiscal que rompió las cadenas del nepotismo oligárquico. Si, por el contrario, la balanza se inclina hacia la revancha política pura, la FGR se consolidará simplemente como el nuevo y temible ejecutor de los deseos presidenciales.